El informe titulado
«People and Corruption: Europe and Central Asia 2016» comienza explicando que la corrupción es una de las razones fundamentales del crecimiento de los movimientos populistas y nacionalistas en Europa desde que comenzara la crisis financiera. La incapacidad de las administraciones para abordar adecuadamente la corrupción y su complicidad en sistemas corruptos o clientelistas hacen crecer el sentimiento entre los ciudadanos de que las instituciones democráticas (administraciones, partidos políticos, etc.) no logran crear la prosperidad que prometen ni ofrecen igualdad de oportunidades para todos, y por tanto no cabe confiar en ellas.
Descubrimientos alarmantes
El informe pertenece a una serie regional del Barómetro Global de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional y es el mayor y más exhaustivo de su categoría. Para su elaboración, esta ONG consultó sobre el estado actual del sector público a cerca de sesenta mil personas de cuarenta y dos países de Europa y Asia Central mediante encuestas personales y telefónicas. Sus hallazgos muestran que más de una cuarta parte de la población considera que existe un alto grado de corrupción entre políticos, funcionarios y altos cargos empresariales y que cerca de tres de cada cinco ciudadanos opinan que los más ricos ejercen demasiada influencia sobre las decisiones administrativas. Uno de cada tres ciudadanos encuestados considera que la corrupción es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta su país, una cifra que se eleva a dos de cada tres en Moldavia, España y Kosovo.
La encuesta también muestra una enorme insatisfacción en cuanto a la forma en la que las administraciones afrontan el riesgo de la corrupción en Europa y Asia Central. Más de la mitad (53 %) afirma que la administración de su país no combate adecuadamente la corrupción y menos de la cuarta parte (23 %) opina que la combate bien. Las administraciones de Ucrania (82 %), Moldavia (84 %), Bosnia y Herzegovina (82 %) y España (80 %) fueron las peor consideradas por sus respectivos ciudadanos. Armenia, Lituania, Rusia y Serbia también presentaron un grave problema de corrupción.
El cohecho también es una experiencia por la que pasan muchos hogares con demasiada frecuencia en los países estudiados; en el informe se explica que uno de cada seis hogares de media pagaron un soborno para acceder a servicios públicos. Mientras que unos pocos afirmaron haber pagado sobornos al tratar con funcionarios de los Estados miembros de la UE, la media se eleva más cuanto más al Oriente se sitúan los países. Los países con un mayor porcentaje fueron Tayikistán (50 %), Moldavia (42 %), Azerbaiyán, Kirguistán y Ucrania (38 %). En la UE, Rumanía presentó el porcentaje mayor de cohecho, con un 29 %, seguida de Lituania, con un 24 %.
La oposición a estas actividades y su denuncia son las mejores formas de combatir la corrupción. Denunciar la corrupción y negarse a pagar sobornos se señalaron como las dos opciones más eficaces que tienen los ciudadanos frente a esta práctica, sobre todo en el caso de la denuncia en la UE, Groenlandia y Suiza (24 %). El 27 % de los ciudadanos de Europa y Asia Central se resignaban a la imposibilidad de combatir la corrupción en la práctica, mientras que el miedo a las consecuencias hacía que muchos (30 %) no denunciasen los hechos.
Recomendaciones exhaustivas contra la corrupción
Tras analizar los resultados, en el informe se recomienda que los países y las instituciones de la UE apliquen normas claras que rijan la actividad de los grupos de presión y un registro público al respecto para poder controlar mejor las decisiones políticas. Debe publicarse la información sobre las actividades de los grupos de presión y facilitar el acceso a la misma. También se indica que los países, sobre todo aquellos en proceso de adhesión a la UE y los miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), deben reducir la presión del ejecutivo sobre jueces y fiscales. Esto podría lograrse mediante la creación de sistemas objetivos y transparentes con los que nombrar, transferir y retirar a este tipo de funcionarios.
En el informe se concluye que se debería fomentar en mayor medida la denuncia de la corrupción por parte de los ciudadanos a través de la formulación y puesta en práctica de leyes que protejan a los denunciantes, leyes que además deberían basarse en normas internacionales. La administración y el sector privado han de apoyar a dichos denunciantes e informadores de la corrupción y garantizar que se realice un seguimiento de sus denuncias.
Transparencia Internacional es miembro del consorcio de ANTICORRP (Anticorruption Policies Revisited. Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption), en el que se investigan los factores que favorecen o dificultan el desarrollo de políticas anticorrupción eficaces y de órganos administrativos imparciales. El proyecto recibió de la Unión Europea una financiación por valor de cerca de 8 millones de euros y concluirá su trabajo en febrero de 2017.
Para más información, consulte:
Sitio web del proyecto
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