El plurilingüismo favorece la inclusión social

La investigación realizada en el proyecto MIME, financiado con fondos europeos, ha desmentido la tesis de que una disminución del número de lenguas oficiales en la UE favorecería la eficacia, la eficiencia y la inclusión. En su lugar, ha señalado que tal política impediría que aproximadamente cuatro de cada cinco europeos comprenda a fondo la información oficial relativa a la UE.

MIME es un proyecto de cuatro años de duración que estudia el plurilingüismo en Europa, prestando una atención especial a sus implicaciones para la inclusión y la movilidad social. Como tal, se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer soluciones y sugerencias frente a los posibles conflictos concernientes al uso de las lenguas oficiales en la Unión Europea. El coordinador del proyecto, Michele Gazzola, dirigió recientemente un estudio en base al cual se rechazó el argumento favorable a una restricción del número de lenguas oficiales de la UE por considerar que generaría división social y que excluiría desde el punto de vista lingüístico a muchos millones de ciudadanos europeos.

¿De veinticuatro a una (o tres)?

El estudio se hizo en respuesta a la opinión, cada vez más extendida en los últimos años, de que la UE debería reconocer sin paliativos que el inglés constituye el idioma dominante en el continente. A este respecto, hay incluso quien plantea que el inglés se establezca como el único idioma oficial de la UE, con independencia del reciente referéndum favorable al abandono de la Unión por parte del Reino Unido. Algunas voces más moderadas proponen una política trilingüe centrada en el inglés, el francés y el alemán.

En dicho estudio se analizaron datos registrados por Eurostat acerca de casi 170 000 residentes (y sus destrezas lingüísticas) de 25 Estados miembros, y se determinó que, si el inglés se estableciera como la única lengua oficial de la UE, el 45 % de los residentes sería incapaz de leer la documentación de índole jurídica, las webs institucionales de la UE y los debates emitidos desde el Parlamento Europeo, al no entender el inglés. En esencia, quedarían excluidos desde el punto de vista lingüístico, y ello podría considerarse una forma de privación de sus derechos políticos.

Es más, si se analiza el número de residentes de la UE que tienen el inglés como lengua materna o lo dominan, se deduce que el porcentaje de ciudadanos que tendría dificultades para entender la documentación política y jurídica de la UE asciende al 79 %. Es decir, cuatro de cada cinco europeos. Por consiguiente, a diferencia de la creencia generalizada, el dominio del inglés no constituye una destreza básica en Europa, ni siquiera entre los adultos más jóvenes.

Concretamente, más del 30 % de los encuestados de entre 25 y 34 años carece de conocimientos de inglés (una cifra notablemente por debajo de la media, del 45 %), mientras que el 74 % de los encuestados de ese grupo de edad no sabe hablar inglés a nivel nativo o alto. Estas cifras son similares al valor medio indicado para la población general, del 79 %. En suma, estos porcentajes indican que hay una mayor proporción de jóvenes que de personas mayores que saben hablar idiomas extranjeros, pero que ello no equivale a que los dominen más.

La política trilingüe resultaría menos drástica, pero también sería muy excluyente, pues marginaría a entre el 26 % y el 49 % de los residentes (según el indicador que se escoja), al tiempo que todos estos porcentajes están llamados a trastocarse sensiblemente una vez el Reino Unido abandone la UE.

El mantenimiento del plurilingüismo

En contraposición a todo ello, en el estudio se señala que el plurilingüismo no solo representa la opción política más efectiva de cara a difundir la información relativa a la UE entre sus ciudadanos, sino que además es la única política verdaderamente incluyente. Además, su coste es rentable, pues equivale al 1 % del presupuesto de la UE. La restricción del número de lenguas oficiales de la UE generaría efectos regresivos, sobre todo para los ciudadanos con menor nivel de estudios (el 17 % de los encuestados que contaban con estudios universitarios no sabía inglés, mientras que esa cifra es del 47 % entre los encuestados con estudios de secundaria). En consecuencia, la reducción de lenguas oficiales sería especialmente perjudicial para los europeos con menor nivel de renta, puesto que el porcentaje de personas que hablan idiomas es muy superior entre quienes ocupan las escalas de renta más altas.

Ahora que cobran protagonismo los movimientos y partidos euroescépticos en todo el continente, quizás nunca haya resultado tan urgente como ahora para la UE asegurarse de poder comunicarse con eficacia con todos sus ciudadanos en sus respectivas lenguas maternas. Para ello, debe existir un apoyo político claro a una política lingüística incluyente que conceda máxima prioridad a la protección del plurilingüismo.

Para más información, consulte:
Página web del proyecto

publicado: 2016-08-25
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